Juez Muñoz desembarga $1.500 millones para que Pinochet pague deuda al SII

El magistrado accedió a la petición de la defensa del ex comandante en jefe del Ejército en momentos en que vencía el plazo para pagar al SII. El monto liberado permite al general (R) saldar su deuda tributaria, pero no lo exime de responsabilidad en la petición de desafuero en su contra.

Ana María Sanhueza y Christian Rendic

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En vísperas de que la Corte de Apelaciones analice el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte, el juez Sergio Muñoz liberó ayer parte de los US$ 6,7 millones que tiene embargados al general (R) en una cuenta a nombre del tribunal, con lo que éste saldó la deuda tributaria que el Servicio de Impuestos Internos (SII) fijó -el 11 de febrero- en $ 837.707.891 más reajustes e intereses, lo que eleva la cifra a poco más de $ 1.550 millones.

La resolución de Muñoz -derivada de una petición hecha por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército hace un mes-, implica la liberación de más de $ 1.500 millones que el magistrado que indaga el caso Riggs embargó desde la cuenta de Pinochet en el Banco de Chile, como una medida cautelar sobre su millonario patrimonio. El monto liberado es sólo parte del dinero que, según Muñoz, el general (R) debe al Fisco debido al delito de "declaraciones maliciosamente incompletas", según estableció el ministro.

Estos $ 1.500 millones corresponden a lo que el ex senador vitalicio dejó de tributar entre 1998 y 2003 según el SII, mientras que, a juicio del magistrado, Pinochet generó un perjuicio fiscal de más de $ 5 mil millones desde 1984 a la fecha, según consignó en su petición de desafuero que la corte verá el miércoles 4 de mayo.

Antes de tomar la decisión -ayer vencía el plazo para pagar-, el juez verificó los montos esgrimidos por la defensa del general (R) en su petición de liberación de fondos. Si bien Hacienda -de la cual depende el SII- había descartado la idea de los abogados de Pinochet en febrero (el entonces ministro subrogante Mario Marcel manifestó que los dineros embargados no eran intercambiables), finalmente el juez envió un oficio al banco, entidad que depositó en la Tesorería General de la República lo correspondiente a la deuda tributaria.

"Con esto se cumple la línea señalada por la defensa, en cuanto a que se iba a pagar todo lo que corresponde, sin perjuicio de pedir una revisión de los impuestos cobrados de más", dijo el abogado Fernando Barros, quien junto a María Teresa Cremaschi, Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat consiguieron liberar los fondos.

Delito sigue en pie

El pago no exonera a Pinochet del delito tributario que le imputa Muñoz, sino que implica sólo el pago de la deuda establecida por el SII. La determinación del magistrado de acoger por primera vez una solicitud de la defensa del ex senador vitalicio se explica en el contexto de acceder a la oportunidad de que se empiecen a recuperar los dineros adeudados al Fisco.

De todas formas, aunque la petición de desafuero sigue en pie -el juez imputa al general (R) otros cinco delitos-, la cancelación de la deuda podría significar una atenuante en el juicio penal. "Esto se refiere al ámbito civil y no altera la parte penal, salvo en cuanto a que podría llegar a constituir una atenuante de responsabilidad (intención de reparar con celo el daño causado)", señaló Barros.

El pago al SII serviría a la defensa de Pinochet a la hora de alegar en contra del desafuero ante el pleno de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el delito tributario es una de las varias imputaciones por las que Muñoz pidió al pleno quitar la inmunidad que el ex jefe castrense tiene como ex Presidente de la República.

El magistrado estableció en su petición de desafuero tener sospechas fundadas de la participación de Pinochet, además, en falsificación de pasaportes -para abrir nuevas cuentas bancarias- y de un documento de la Subsecretaría de Guerra con el que pretendía justificar sus ingresos en el Banco Riggs de Estados Unidos. A ello se suma la imputación por negociación incompatible en la adquisición de terrenos de El Melocotón, obstrucción a la justicia y medidas para evitar el embargo decretado en 1998 por el juez español Baltasar Garzón. Estas acusaciones, según cercanos al caso, serían desestimadas por la Corte.